La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su relatora especial para el derecho a una vivienda adecuada, Raquel Rolnik, ha hecho una dura crítica a las autoridades de ocho ciudades brasileñas, a las que acusa de atentar contra los derechos humanos al haber comenzado a expulsar de sus hogares a miles de familias con motivo del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016.
"Estoy particularmente preocupada", escribe Rolnik en su informe publicado hoy, "con lo que parece ser un patrón de actuación, de falta de transparencia y de consulta, de falta de diálogo, de falta de negociación justa y de participación de las comunidades afectadas en los procesos de desalojo ejecutados o planeados en relación con el Mundial y los Juegos Olímpicos".
La relatora de la ONU cita explícitamente a las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza. Sostiene su informe que ya han sido ejecutados miles de desalojos de familias sin que se les haya dado tiempo a proponer y discutir alternativas. "Se prestó insuficiente atención al acceso a las infraestructuras, servicios y medios de subsistencia en los lugares donde esas personas fueron realojadas", afirma Rolnik.
En la nota de la ONU se llega a pedir que las autoridades de dichas ciudades "detengan los desalojos ya planeados hasta que se asegure el diálogo y la negociación". Rolnik se muestra "muy preocupada por la poca compensación económica ofrecida a las comunidades afectadas, lo que es aún más grave dado el aumento del valor de los terrenos en los que se construirá" para la realización de los dos importantes eventos deportivos.
El documento hace una petición al Gobierno brasileño para que lleve a cabo una planificación que garantice que los acontecimientos deportivos de 2014 y de 2016 "proporcionen un impacto social y ambiental positivo y que se eviten las violaciones de los derechos humanos, incluido el alojamiento digno".
No ha habido aún una respuesta de la presidenta Dilma Rousseff a esta grave recriminación de la ONU que, con un lenguaje diplomático, acusa Brasil de estar violando los derechos humanos de miles de familias desalojadas sin garantías.
Rousseff que ha repetido varias veces que quiere que la cuestión de la defensa de los derechos humanos sea el eje de sus preocupaciones de Gobierno, no dejará -dicen los analistas políticos- de pedir información y responsabilidades a las autoridades de las ciudades acusadas de esos desalojos sin garantías y sin diálogo.
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