El Tribunal Supremo de Estados Unidos apoyó ayer una polémica ley del estado de Arizona que sanciona, incluso con el cierre, a negocios que contraten a inmigrantes indocumentados.
En una votación de 5 contra 3, los jueces de la máxima corte estadounidense rechazaron los argumentos de negocios, organizaciones civiles e incluso del Gobierno de Barack Obama y reabrieron la puerta a la aplicación de esa ley estatal, que entró en vigor en 2008, pero había quedado suspendida a espera del dictamen.
La decisión es la primera de la corte sobre el paquete de medidas contra los indocumentados que ha impulsado Arizona, y una que, según algunos analistas, puede tomarse como adelanto del dictamen que el Supremo podría dar a la más polémica de esas leyes, la SB 1070.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció hace dos semanas que llevará ante la máxima instancia sus argumentos para que esa otra medida, que convierte a los indocumentados en criminales, pueda aplicarse en su totalidad y no con las restricciones que le impuso un tribunal federal.
También se espera que acabe en el Supremo una norma firmada el año pasado por Brewer, que exige a los policías del estado que verifiquen el estatus migratorio de cualquier sospechoso de cometer un crimen, y que se encuentra bloqueada e inmersa en un largo proceso de apelaciones.
En el fallo de ayer, emitido por el presidente del Supremo, el conservador John Roberts, la corte determinó que la ley no viola las leyes federales sobre inmigración, como afirmaban los demandantes y como defiende el Gobierno.
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