na ola de denuncias de corrupción le está costando caro a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que decidida a enfrentarlas perdió en la noche del miércoles a su cuarto ministro en menos de ocho meses de gobierno.
Rousseff, que asumió el 1 de enero, ha perdido cuatro ministros en los últimos dos meses: tres por denuncias de irregularidades —los de Agricultura, Transportes y Jefatura del Gobierno— y un cuarto, el de Defensa, por criticar al Ejecutivo. El último fue el de Agricultura, Wagner Rossi, que renunció el miércoles tras semanas de denuncias en la prensa sobre presuntos desvíos en su cartera y sus relaciones con una empresa.
Heredera del exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva, la presidenta sorprendió a la opinión pública al forzar dimisiones, especialmente en los casos relacionados con denuncias de corrupción.
“La actitud de Lula era otra, él decía que nadie podía ser culpado hasta ser juzgado. Rousseff ha actuado de manera diferente —forzando las dimisiones—, lo que es un reflejo de que la sociedad es menos tolerante con prácticas políticas desgastadas”, dijo Carlos Lopes, del Instituto Analise.
Las denuncias han puesto en evidencia una práctica arraigada en la política brasileña.
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