En la prensa brasileña hay una frase recurrente para referirse al gobierno de Dilma Rousseff: siete meses y cuatro ministros fuera. El cuarto en la lista es Wagner Rossi, quien hasta ayer estaba al frente del Ministerio de Agricultura.
Su aparente falta: haber utilizado a la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), para acomodar en altos puestos —con igualmente altos salarios, claro— a familiares de los miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su grupo político y el principal aliado del gobernante Partido de los Trabajadores en el Ejecutivo y en el Parlamento.
Un episodio más del libro de la corrupción en Brasil, que parece el más estudiado por Dilma Rousseff, a quien hasta ahora no le ha temblado la voz para sugerir la dimisión de sus ministros en supuestos malos pasos.
La semana pasada, dentro del PMDB se hirieron algunas susceptibilidades cuando la Policía Judicial detuvo a 38 funcionarios del Ministerio de Turismo en una redada, investigados por presunta corrupción en el otorgamiento de contratos públicos.
El viceministro Frederico Silva da Costa, fue capturado en la operación. Salió esposado de la sede de la cartera como el resto de funcionarios, como si no fueran empleados sino delincuentes comunes, entre otras quejas del PMDB: su ministro Pedro Novais se perfila como el próximo en caer, sería cuestión de días.
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