El anuncio del cierre de 24 escuelas ilegales para hijos de campesinos emigrantes en Pekín ha desvelado la situación de estos menores sin derecho a educación, de los que se calcula hay 20 millones en la segunda potencia económica del mundo.
"Un tercio de estos niños ha nacido en las ciudades a las que sus padres emigraron", explicó hoy a Efe Zhang Zhiqiang, fundador de la agrupación no gubernamental Amigos de los Emigrantes.
Aunque nacieron en la urbe, al no estar registrados en Pekín, ni se les considera pequineses ni del pueblo de sus padres, del que heredan su registro civil, por lo que viven en la discriminación.
En Pekín hay unos 437.000, agrega Zhang, una cifra que supera en 100.000 los que se calculaban en 2006, y algunos con malnutrición.
El principal motivo de discriminación es la ley, ya que el "hukou", el sistema de registro civil implantado con la economía comunista de la década de 1950 para evitar la emigración, obliga a los campesinos a recibir educación, asistencia médica y pensiones en su provincia de origen, donde estas prestaciones se perdieron con la adopción del capitalismo en la década de 1990.
A pesar de ello, unos 140 millones de campesinos malviven en las ciudades, donde el salario es tres veces superior, hacinados en naves, cuartuchos, ruinas, subterráneos o lavabos públicos, y que con su tesón y sacrificio son la base del milagro económico chino.
Aunque en las zonas rurales los abuelos y familiares cuidan de 58 millones de hijos de emigrados, cada vez son más los padres que se los llevan o que se convierten en progenitores en las grandes urbes.
El cierre de los 24 centros con el inicio del semestre, que en China empieza el 25 de agosto, deja sin escolarización a unos 20.000 menores, y ha desatado la alarma entre las restantes 200 escuelas de inmigrantes que sobreviven en la capital china tras la clausura masiva en 2006 de otro centenar.
Uno de los centros amenazados de las afueras de Pekín es la Escuela Experimental Primaria, en la bulliciosa aldea de Jianxinzhuang (distrito sureño de Daxing), donde residen 220.000 emigrantes del total de 5 millones que se calcula en la capital; los 10.000 pequineses locales viven de arrendar vivienda a los "forasteros" en una convivencia que ambos califican de "difícil".
Su director, Luo Liang, es un emigrante de Henan, de 44 años, que en 1996 vendía insignias de Mao Zedong en el metro de Pekín, hasta que, inspirado por otros coterráneos, decidió en 2003 abrir una escuela para satisfacer la creciente demanda.
Empezó con unos 300 estudiantes y hoy acoge a 1.200, cuyos austeros padres pagan 800 yuanes por semestre (86 euros o 125 dólares), frente a los 650 euros (940 dólares) y trámites imposibles que piden las escuelas públicas de la zona, ya que la educación primaria es obligatoria pero no gratuita en el gigante asiático.
Luo ha invertido en su rudimentaria escuela unos 324.000 euros, obtenidos de préstamos del Banco Agrícola y de familiares, y si la cierran, el Gobierno no le reembolsará ninguna cuantía.
El Buró de Educación envió una carta a Luo en junio avisando de que deberá cerrar su escuela por riesgo de incendios, a pesar de que el centro cuenta con todas las licencias pertinentes, a excepción de la de enseñanza, lo que no fue un problema hasta que en 2006 empezaron las presiones de las autoridades locales.
"Es por el incendio en primavera de una factoría textil cercana, murieron campesinos emigrantes que vivían en muy malas condiciones.
Somos las masas débiles. Los funcionarios no se preocupan por nosotros, sólo les interesa conservar su trabajo", asegura Luo.
El anuncio no ha sido óbice para que los padres, confiados en que el colegio no cierre, sigan inscribiendo a sus hijos para el semestre: "¿Qué vamos a hacer con los niños si no pueden ir a la escuela? Habrá que ponerlos a trabajar", sugiere una de las madres.
Defensores de los emigrantes, como la ONG Boletín Laboral de China, en Hong Kong, creen que detrás del cierre de escuelas está, aparte de la avidez de la urbanización y las inmobiliarias, una estrategia para limitar las escuelas y, por tanto, la emigración.
"Está claro que las autoridades están usando cuestiones de seguridad como una excusa para cerrar las escuelas. Muchas de ellas llevan años operando sin problemas", manifestó a Efe Geoffrey Crothall, director de comunicaciones de la ONG.
Para Zhang, los motivos son dos: que el gobierno no quiere que los campesinos se queden en las ciudades y la voraz urbanización inmobiliaria e industrial que padece China.
Aunque Pekín anunció en los últimos años que garantizará la educación de los hijos de emigrantes, la iniciativa ha quedado en un pequeño pero insuficiente subsidio: "Las escuelas están en áreas de emigrantes, el gobierno debería financiarlas en lugar de cerrarlas", sugiere el abogado Tian Kun, defensor de los centros afectados.
La solución, según la profesora de Gestión Pública de la Universidad de Tsinghua Jia Xijin, pasa por lograr una educación pública igualitaria, ahora limitada por el "discriminatorio sistema del 'hukou'", y subsidiar las escuelas para emigrantes.
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