La presidenta Dilma Rousseff, que fue torturada en su juventud, no pudo evitar las lágrimas ayer al recordar a los muertos y desaparecidos durante la última dictadura brasileña (1964-1985), al instalar una comisión que investigará las violaciones de los derechos humanos en ese período.
La mandataria dejó claro en el discurso que la Comisión de la Verdad será totalmente independiente y contará con todo el respaldo del Gobierno para que, “sin revanchismos”, “esclarezca lo que ocurrió” durante los llamados “años del plomo”.
La Comisión tendrá un plazo de dos años para investigar crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988, aunque se centrará en el último régimen militar.
Agregó que la misión de la comisión será restablecer la verdad sin violar la Ley de Amnistía de 1979 que impide llevar ante la justicia a los acusados de crímenes como tortura, secuestro, desaparición o asesinato durante la dictadura.
“No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de escribir la historia de una forma diferente a lo que ocurrió, sino la necesidad de conocer sin ocultamientos lo que ocurrió”, afirmó la mandataria, que fue torturada y estuvo presa dos años por su militancia en organizaciones de izquierda que combatieron la dictadura.
La Comisión de la Verdad, cuyos siete integrantes se reunieron por primera vez ayer poco después de tomar posesión, podrá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pero no podrá llevarlos a la justicia.
“Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad, y especialmente merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes, y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día”, afirmó.
Sin citar la Ley de Amnistía de 1979 y tras recordar que Brasil recuperó la democracia gracias a diferentes acuerdos políticos, la presidenta Rousseff aseguró que tanto su Gobierno como la comisión respetarán esos “pactos”.
REGLAMENTAN LEY
Dilma Rousseff aprovechó la ceremonia para firmar el decreto que reglamenta la Ley de Acceso a la Información, que entró en vigor ayer y obliga a toda institución pública a ofrecer las informaciones solicitadas por cualquier ciudadano.
La Presidenta explicó que la ley impedirá que las informaciones relativas a violaciones de los derechos humanos puedan volver a ser declaradas reservadas o secretas.
“Las dos iniciativas son fruto del largo proceso de construcción de la democracia”, dijo.
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