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martes, 19 de junio de 2012

Acusan a infiltrados y oligarcas por la masacre en Paraguay

La muerte de seis policías y 11 campesinos durante el desalojo de una finca el viernes en Curuguaty, 250 km al noreste de Asunción, revela una antigua disputa por la propiedad de la tierra en Paraguay.

“Paraguay está sentado en un polvorín. Tuvo que suceder esta tragedia para que los responsables vuelvan a mirar con seriedad el reclamo campesino”, dijo Corsino Coronel, veterano líder de los labriegos.

Sobreviviente de la represión de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), Coronel estimó que la masacre pudo haber sido propiciada por infiltrados.

“Los campesinos son pacíficos por naturaleza. Su ingenuidad por la falta de educación y la miseria en que viven los convierte en presa de manipulación tanto por los poderosos como por los extremistas”, afirmó.

Las autoridades no descartan que la masacre pueda haber sido propiciada por guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), infiltrados entre los campesinos y que pudieron haber desaparecido en la confusión después de asesinar a seis policías.

Los agentes habían ido a negociar antes cumplir una orden de desalojo. Luego de su asesinato, la reacción del grueso de los uniformados que se encontraban en la retaguardia degeneró en la muerte de al menos 11 campesinos.

“Antes de las elecciones, son los políticos los que usan a los pobres campesinos y los arrean. Cuando no hay elecciones son usados por los radicales con falsas promesas. La miseria en que viven los hace muy maleables”, subrayó Coronel.

La coalición de partidos políticos gobernante en Paraguay y las más importantes organizaciones campesinas coincidieron en acusar a latifundistas y oligarcas como responsables de los hechos.

El gobernante Frente Guasú planteó que “existe un plan para desestabilizar el proceso de cambio existente en la nación” y aseguró que está programado, instigado y ejecutado por sectores de la oligarquía autoritaria.

Las organizaciones sociales llamaron a la sociedad a enfrentar lo que calificaron de “ofensiva de grupos de poder económico y político”.

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