Los legisladores hallaron culpable al exobispo católico de mal desempeño de funciones y lo destituyeron por amplia mayoría.
El Senado paraguayo consideró “culpable” de mal desempeño de sus funciones al ahora expresidente Fernando Lugo en una sentencia que concluyó un rápido juicio político y determinó su inmediato despojo del poder constitucional.
“Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y, por lo tanto, queda separado de pleno derecho de su cargo”, anunció uno de los secretarios de la Cámara Alta.
En total, 39 senadores votaron en contra del Mandatario, mientras sólo cuatro dieron su voto a favor en una sesión con dos ausentes.
Tras su destitución, Lugo fue sustituido por el vicepresidente Federico Franco hasta la celebración de nuevas elecciones en abril de 2013.
Lugo expresó, en su última conferencia de prensa, que se someterá a la decisión del Congreso. “Estoy dispuesto a responder siempre por mis actos como exmandatario nacional”.
Las reacciones. Cientos de personas se congregaron en la Plaza de Armas, ubicada al frente a la sede legislativa, en apoyo del destituido Presidente, y un grupo de indignados también se concentró frente a la sede de la Vicepresidencia para protestar por la destitución de Lugo. Además, diversos grupos de campesinos llegaron hasta la capital. Otros, en el distrito de Horqueta, cerraron una ruta.
Fuertes contingentes policiales fueron desplegados por el centro de la capital paraguaya para salvaguardar el orden.
A través de un comunicado de prensa, la Comandancia del Ejército señaló que “cumplirán de manera irrestricta sus funciones constitucionales. El Ejército reconocerá al ciudadano que sea investido como nuevo Presidente de la República”.
El origen. El origen de la crisis política fue la matanza de seis policías y 11 campesinos que se produjo el 15 de junio en el norte del país, tras la ocupación de una finca por cientos de agricultores.
Tras esa matanza, el Partido Liberal Radical Auténtico, con el que gobernaba Lugo en coalición, le retiró su apoyo el jueves y se unió a su eterno contrincante, el Partido Colorado, para iniciar un juicio político en contra del exjefe del Estado. Este proceso está incluido en la Constitución vigente desde 1992. “Es legal pero no es legítimo”, comentó uno de los partidarios de Lugo.
El presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Claudio Giménez, y otras autoridades eclesiásticas del país solicitaron al expresidente su renuncia antes de la emisión del veredicto “para preservar la paz y evitar violencia y muertes”. No obstante, Lugo rechazó la propuesta y denunció ser víctima de un “golpe de Estado exprés” lanzado por la oposición.
7 días pasaron de la matanza de Curuguaty, donde murieron 16 personas en el desalojo de una hacienda.
El secretario de Unasur, Alí Rodríguez, adelantó que algunos gobiernos no reconocerán a Federico Franco como mandatario, puesto que el bloque continental sólo considera a Fernando Lugo como presidente constitucional. Los países de la Unasur consideran la destitución de Lugo como un quiebre constitucional.
Los representantes de Nicaragua, Bolivia y Venezuela denunciaron ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el juicio político al presidente Lugo es un “golpe de Estado encubierto”.
Por su parte, Miguel Insulsa, secretario general de la OEA, instó al Parlamento a que recapacite. “¿Por qué hacer las cosas a toda velocidad?”.
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