La situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela ha empeorado desde 2008, por una serie de medidas que han contribuido a la "concentración y abuso de poder" del presidente del país, Hugo Chávez, indica un informe publicado ayer por la organización "Human Rights Watch" (HRW).
"La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de los derechos humanos han dado al Gobierno de Chávez carta blanca para intimidar, censurar y procesar a venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política", asegura HRW.
No hay separación de poderes ni independencia jurídica. La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, ha ampliado los poderes de Caracas para "limitar la libre expresión y castigar a sus críticos" y el Tribunal Supremo ha rechazado de forma "explícita" el concepto de separación de poderes e independencia jurídica y se ha volcado en promover la agenda política del mandatario.
El Supremo, además, se ha unido a Chávez en el rechazo de la autoridad del sistema interamericano de derechos humanos y sus fallos, en repetidas ocasiones, han "validado el desprecio del Gobierno hacia las normas internacionales de los derechos humanos".
Chávez ha tomado "medidas drásticas" para "conservar su control político" sobre el Poder Judicial, agregó el informe.
Este panorama genera "enormes desafíos y obstáculos" para la oposición de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que el presidente Chávez busca ser relecto, dijo el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
El Poder Judicial está ‘neutralizado’. El caso de la jueza María Lourdes Afiuni, en arresto domiciliario desde febrero de 2011, a la espera de juicio, es "el ejemplo más alarmante de la falta de independencia judicial en Venezuela", y de cómo el Gobierno de Chávez ha "neutralizado" al Poder Judicial como garante de los derechos, se explica en el documento.
Afiuni, calificada por Chávez de "bandida", fue acusada de la "presunta comisión de abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y corrupción propia" tras otorgar la libertad condicional a un banquero crítico con el Gobierno que llevaba tres años detenido, sin juicio, por cargos de corrupción.
Castigo a quienes desafían a Chávez. HRW también cita el caso del líder antichavista y exgobernador del estado Zulia (oeste), Oswaldo Álvarez Paz, detenido en marzo de 2010 tras declarar al canal de televisión privado Globovisión que el Gobierno de Chávez violaba presuntamente los derechos humanos y tenía vínculos con el terrorismo y el narcotráfico.
Álvarez Paz fue condenado a dos años de prisión en julio de 2011, con libertad condicional.
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