Después de un tenso debate y con toda la oposición en contra, el gobierno consiguió sacar adelante el plan de recortes más duro de la historia moderna de España en el último intento de sortear la quiebra del Estado y recuperar la confianza de los inversionistas.
El conservador Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta en el Parlamento y logró convalidar el paquete de medidas urgentes anunciado hace una semana por 180 votos a favor, 131 en contra y una abstención.
El plan incluye una suba del tipo general del IVA (Impuesto del Valor Añadido) de tres puntos --de 18 a 21 por ciento-- a partir del 1 de septiembre y la supresión de la paga extraordinaria de Navidad para todos los funcionarios que cobren más de 962 euros ($1.182) al mes.
Es decir, sólo 14 mil de los 2,7 millones de empleados públicos del país ibérico se librarán de este recorte.
El gobierno espera ahorrar 65 mil millones de euros ($79.900 millones) con la suma de todos los ajustes que recoge el plan de austeridad.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a justificar el decreto, que amenaza con paralizar aún más el consumo y agudizar la recesión, en la falta de dinero para costear los servicios públicos.
"No hay dinero en las arcas públicas para pagar servicios públicos", dijo Montoro. "Este gobierno está actuando por necesidad. La necesidad es la que marca el camino", agregó.
Sin embargo, el líder del opositor Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que estas medidas sólo contribuirán a empeorar la recesión, en un país que además soporta un desempleo de casi 25 por ciento, con 5,6 millones de personas desocupadas.
"Machacando a impuestos a las clases medias, autónomos, desempleados y creadores no se sale de la crisis", afirmó Rubalcaba.
Desde que el presidente Mariano Rajoy anunció las medidas se han producido centenares de pequeñas manifestaciones de protesta, sobre todo en Madrid.
En la jornada del jueves, los sindicatos mayoritarios de izquierdas convocaron a una movilización nacional con más de 80 marchas en todo el país.
En previsión de posibles incidentes, la policía bloquea desde hace días con grandes vallas y un fuerte dispositivo los principales accesos a la sede del Congreso de los Diputados en el centro de la capital española.
El plan se aprobó en otro día nefasto para España en los mercados internacionales.
El país consiguió vender unos 3 mil millones de euros ($3.670 millones) en bonos a mediano plazo, aunque a altas tasas de interés debido a las preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para enderezar sus finanzas.
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