En los tiempos en que gobernaba Argentina, Fernando de la Rúa era objeto de burlas por su parsimonia, sus titubeos y su timidez. Pero hoy, a la hora de afrontar el juicio en el que se le acusa de soborno -agravado por el cargo que ejercía-, el ex Presidente se revela como una persona decidida y tajante en sus expresiones.
El juicio oral y público determinará si De la Rúa y varios de sus ex colaboradores políticos compraron la voluntad de ciertos senadores para que aprobaran una reforma a la ley laboral, en abril de 2000.
El ex líder de la Unión Cívica Radical asumió el poder en diciembre de 1999, sin llegar a completar su mandato de cuatro años. En diciembre de 2001 huyó de la Casa Rosada en un helicóptero, dejando a Argentina a merced de la peor crisis socioeconómica de su historia. Pero ese capítulo quedó atrás.
Poco antes de empezar la primera audiencia, el martes, los funcionarios de la consultora que De la Rúa contrató para delinear su estrategia entregaron a los periodistas un manuscrito en el que el ex Presidente de 75 años califica la causa, que se debate en el Tribunal Oral Federal, de “absurda y llena de contradicciones”.
A renglón seguido tilda de “estafador” a Mario Pontaquarto, el hombre que, en calidad de testigo clave de la fiscalía, lo relaciona directamente con el soborno.
El hombre del maletín
Pontaquarto, ex secretario de la bancada oficialista del Senado, confesó haber recogido del cuartel del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) los cinco millones de dólares que, por encargo del Presidente, él mismo distribuyó entre los miembros de la Cámara Alta argentina el 26 de abril de 2000.
“El hombre del maletín, como lo bautizó la prensa en esos días, declaró haber entregado cuatro millones de dólares al entonces senador justicialista Emilio Cantero, en su apartamento en el centro de Buenos Aires”, explica Ramy Wurgaft, periodista del diario español El Mundo.
Cabe recordar que en esa época, el Partido Justicialista de la presidenta Cristina Fernández era opositor al Gobierno de Fernando de la Rúa.
El resto del dinero habría llegado a manos de José Genoud, senador de la Unión Cívica Radical (UCR), quien se suicidó en 2008. Se estima que el juicio durará entre ocho y diez meses. Lo suficiente para que presten declaración unos 300 testigos, entre ellos el ex presidente Eduardo Duhalde.
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