Colaborador de Lula cumplirá 40 años de cárcel en Brasil

Agregar a MySpace

EFE
EFE
La sesión del miércoles del Tribunal Supremo de Brasil.
Fueron necesarios dos días de discusiones, en algunos momentos acaloradas, entre el juez instructor, Joaquim Barbosa, y otro de los jueces, Ricardo Lewandowski, para que el Tribunal Supremo llegase a decidir la primera pena otorgada a uno de los condenados en el proceso del mensalao, el empresario Marcos Valerio: 40 años, un mes y seis días, más una multa de más de un millón de dólares.

Marcos Valerio fue condenado como el operador material del esquema de corrupción a través del cual pasaban los millones ofrecidos por el Partido de los Trabajadores (PT) a políticos y partidos a cambio de apoyo al proyecto de gobierno del entonces presidente, Lula da Silva.

El empresario publicitario Valerio había sido condenado por ocho delitos: formación de organización criminal, tres episodios de corrupción activa, dos peculados, blanqueo de dinero y evasión de divisas.

El operador material del mensalao hubiese sido condenado a 12 años más de no haber intervenido el revisor Lewandowski pidiendo penas menores, lo que le llevó a una dura discusión con el instructor Barbosa. Volaron palabras fuertes y Barbosa, conocido por su carácter temperamental, acabó pidiendo perdón a su colega magistrado, aclara el diario español El País.

La discusión de fondo se refería a las penas que Barbosa había propuesto por los crímenes de corrupción activa y formación de organización criminal, que son justamente los dos delitos por los que fueron condenados los tres políticos importantes del PT, José Dirceu, jefe de gabinete y mano derecha de Lula; José Genoino, que fue presidente del partido, y Delubio Soares, el ex tesorero de la formación.

Como la pena de ambos crímenes va de uno a 12 años de cárcel, tocará a los magistrados brasileños decidir los años de detención para dichos reos.

Al final, la pena por esos dos delitos a Marco Valerio quedó en diez años y siete meses, suficientes para tener que cumplirla en régimen cerrado de detención y en una prisión común, algo que ha creado aprensión en los políticos condenados por los mismos crímenes a los que el Supremo podría aplicar las mismas penas.

Los políticos del Partido de los Trabajadores que continúan proclamando su inocencia ya anunciaron que acatarán las decisiones del Tribunal Supremo, pero que en caso de ser encarcelados, se considerarían “presos políticos”, ya que según ellos han sido condenados en un “proceso de excepción”, que les ha juzgado sin pruebas, sólo por indicios de culpabilidad.