Líderes opositores acusaron hoy al gobierno venezolano de usar indebidamente la imagen del fallecido presidente Hugo Chávez y se quejaron de que las autoridades electorales no toman medidas para limitar el uso frecuente de las cadenas que obligan a todas las televisoras y radios locales a interrumpir sus programas y transmitir discursos que terminan siendo verdaderos actos de campaña.
Carlos Vecchio, dirigente del partido Voluntad Popular, acudió a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar una denuncia "por ventajismo" electoral en favor del presidente encargado y candidato oficialista Nicolás Maduro.
Vecchio denunció que la noche del viernes se violó la ley electoral con la emisión en cadena de "la última proclama del presidente" Chávez. Argumentó que el "gobierno debió editar" la alocución para "omitir las partes en las que llama a votar por Nicolás Maduro". Chávez designó como su sucesor y pidió a los venezolanos apoyarlo en un eventual proceso electoral.
Voluntad Popular respalda la candidatura presidencial de Henrique Capriles, un abogado de 40 años representante único de la oposición aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática, y que en octubre se convirtió en el rival más serio que enfrentó Chávez en más de una década.
Capriles perdió los comicios en los que Chávez consiguió su tercera reelección. La diferencia fue la más estrecha en comparación a sus anteriores reelecciones, 1,5 millón de votos.
"La campaña es muy corta y el CNE debe velar por que se dé sin abuso de poder", agregó. La campaña se extenderá del 2 al 11 de abril.
La ley limita a la difusión de mensajes electorales pagados a un máximo de tres minutos diarios y no se aplica a las "cadenas", que son prerrogativa del gobierno y suelen prolongarse por horas.
Vecchio también denunció que en la transmisión del traslado de los restos de Chávez a su morada provisional en un museo de una barriada pobre del oeste de la capital "los venezolanos pudimos ver y lamentar que todavía no habían cerrado la urna y estaban explotando la imagen del presidente Chávez en beneficio electoral. Eso sí es un irrespeto a la familia".
Los actos fúnebres y una serie de homenajes póstumos a Chávez ocurren en medio de un país que se debate entre la incertidumbre generada por la pérdida del jefe de Estado y un tenso ambiente preelectoral en el que las ceremonias póstumas han pasado a ser parte de la contienda política para los comicios del 14 de abril.
El uso de la imagen de Chávez para la campaña electoral de Maduro se hizo evidente el viernes en las calles de la capital,donde en los postes del alumbrado público pudieron observarse algunos carteles con el rostro de Chávez con mensajes como "de tus manos brota lluvia de vida. ¡Te amamos!" así como propagandas "Maduro desde mi corazón".
En un acto público el sábado con beneficiarios de los programas sociales del gobierno, Maduro pidió a sus partidarios evitar gritar consignas electorales durante la transmisión en cadena, sin embargo, su discurso se centró en las críticas a sus opositores a los que colmó de calificativos como "apátridas" y "comando del odio".
Maduro recordó que "estamos en cadena nacional, vamos a controlar las pasiones de ese eslogan que van a gritar. Hay que respetar al árbitro electoral que ha fijado unas reglas de juego".
Liliana Hernández, integrante del comando de campaña de Capriles, declaró que "el abuso de las cadenas ha sido reiterado en todas las campañas electorales" pero en esta ocasión "excede lo normal... el que está el frente como presidente encargado, de cumplirse la letra de la constitución, habría tenido que renunciar al cargo y el presidente encargado sería otro. Maduro no podría estar al frente en la cadena".
La constitución venezolana dice que si el jefe de Estado muere es el presidente de la Asamblea Nacional quien debe asumir interinamente el cargo y hasta tanto se realicen nuevas elecciones dentro de los siguientes 30 días.
Pero el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el oficialismo, dictaminó en enero que aunque Chávez no pudiera asumir el cargo debido a su enfermedad la legitimidad de su gobierno estaba dada por una masiva votación y que se trataba además de un presidente reelecto.
De esa manera, según el Tribunal, se producía una "continuidad administrativa" entre el gobierno de Chávez de seis años, que culminó el 10 de enero, y uno nuevo que debía comenzar ese mismo día, abriendo el camino a Maduro como presidente encargado.
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