El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, denunció que la soberanía de los países de Latinoamérica y el Caribe “está en riesgo” porque EEUU controla casi todas sus comunicaciones a través de la Red.
Assange señaló que la infraestructura de Internet dirige “gran parte del tráfico” desde y hacia América Latina a través de cables de fibra óptica que físicamente pasan por EEUU. Assange aseguró que EEUU ha transgredido su propia ley sin ningún tipo de escrúpulos al interceptar estas líneas con el fin de “espiar a sus propios ciudadanos”.
El australiano dijo que en EEUU no existen normativas que “impidan espiar a ciudadanos extranjeros” e indicó que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense “recibe y procesa” diariamente 1.700 millones de comunicaciones, como datos de políticos, economistas, empresas y personalidades de la región. Para llevar a cabo estas operaciones, dicho organismo cuenta con un presupuesto que supera al del FBI y la CIA juntos. El australiano calificó de grave amenaza a la privacidad lo que está sucediendo actualmente con el uso de Google o Facebook. En su opinión, es necesario que los países de América Latina “impulsen su industria de software”.
En lo referente a los escándalos del Servicio de Rentas Internas, el presidente Barack Obama anunció hoy la renuncia del comisionado interino del Servicio de Rentas Internas (IRS, por su sigla en inglés), Steven Miller, tras la revelación del presunto excesivo escrutinio de la agencia federal a grupos conservadores. Durante una breve comparecencia desde la Casa Blanca, Obama, criticado actualmente por otros escándalos, dijo que está preocupado por este hecho “inexcusable”.
Respecto del escándalo del espionaje a la Agencia Asocciated Press, el secretario de Justicia, Eric Holder, recibió fuego cruzado en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El presidente de ese panel, el republicano Bob Goodlatte, pidió respuestas a Holder sobre el hecho, a lo que el secretario de Justicia respondió que hay excepciones a esta regla.
De acuerdo con algunos analistas y medios de prensa, las prácticas empleadas por el Departamento de Justicia han levantado la polémica en el país y puesto en entredicho que la administración Obama respete la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a la información y a la libertad de expresión.
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