Miles de mineros del país inician una huelga por tiempo indefinido que puede extenderse a 18 departamentos con cierres parciales de vías.
“Nuestro objetivo es protestar contra el trato de delincuentes que nos está dando el Gobierno y las leyes que devienen políticas de exterminio de la minería tradicional para seguir entregando títulos a las multinacionales”, afirmó el presidente de la Asociación de Mineros de Marmato (Caldas), Mario Tangarife.
“No tenemos ninguna opción de cómo formalizarnos, queremos que nos escuchen y nos ofrezcan soluciones, garantías y conocimientos para seguir ejerciendo el oficio que alimenta a nuestras familias”, arguyó Tangarife. Por su parte, la directora de la Confederación Nacional de Mineros, Luz Stella Ramírez, precisó que los que ejercen el oficio artesanalmente representan a dos millones de familias cuyo sustento es precario o casi inexistente.
Mientras que el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, urgió al Gobierno colombiano y a los líderes campesinos del Catatumbo que reanuden las negociaciones para salir de la crisis que mantiene paralizada a esa región hace 38 días.
Otálora reiteró su disposición como mediador para contribuir a un nuevo acercamiento entre el Gobierno y los campesinos tras el fracaso de tres intentos de negociación. Las conversaciones quedaron otra vez empantanadas el lunes último y sin ninguna esperanza a la vista.
El Gobierno intenta hacer presión para que se desbloqueen las vías, pero los manifestantes han reiterado que no lo harán hasta llegar a un acuerdo sobre el pliego de peticiones que exigen, entre ellos la declaración de una Zona de Reserva Campesina.
El presidente Juan Manuel Santos, en una alocución pública la víspera, fue tajante: “Nunca voy a permitir que me impongan el establecimiento de zonas de reserva campesina”. Las zonas fueron establecidas en 1994 por la ley 160 como una figura de ordenamiento territorial con el fin de consolidar la supervivencia y la economía rural.
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