Reina Maraz Bejarano es quechua parlante, oriunda de Avichuca, una comunidad de la localidad de San Lucas, en Chuquisaca y este martes fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de Límber Santos, hecho ocurrido en 2010.
La mujer pasó más de un año encerrada en el Penal 33 de Los Hornos, La Plata, sin comprender el proceso penal por el cual estaba detenida -y tres años desde la acusación- ya que se comunica a través de su lengua materna, el quechua.
"No comprende ni puede expresarse cabalmente en español", informa sobre Maraz la agencia de noticias Andar, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En una breve lectura y sin leer aún los fundamentos del fallo, las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Alejandra Vissio y Florencia Butiérrez condenaron a cadena perpetua a la mujer, acusada de matar a su esposo que la golpeaba y que la entregó a un vecino para que la viole y así saldar una deuda.
“Acá hay un hecho alarmante de discriminación ya que en ningún momento permitieron el testimonio de la hermana de Reina Maraz, por que sólo puede hablar en su idioma nativo que es el quechua”, afirmó la responsable del área de pueblos originarios y migrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Mariana Katz,
Al juicio asistieron el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Liborio Flores, junto al vice cónsul Valentín Herbas.
Una historia de violencia
“Cuando la conocimos, en diciembre de 2011, Reina se encontraba en un absoluto estado de indefensión, y no comprendía las razones de su encierro”, informaron desde la CPM quienes realizaron distintas intervenciones que empezaron por exigir que se garantice la presencia de intérpretes para tomarle declaración o interactuar con ella.
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires le ordenó al Tribunal Oral en lo Criminal la designación oficial de los intérpretes sugeridos y recién a casi 3 años de su detención Frida Rojas, la intérprete propuesta, pudo aceptar formalmente el cargo.
A través de la intérprete pudo contar por primera vez su versión de los hechos. En ese relato "describió su condición de migrante y una situación de violencia doméstica y sexual previa, violencia que era ejercida, principalmente, por su marido Limber Santos y por 'Tito' Villa, un vecino a quien señalan como su cómplice en el crimen por el que está acusada", explica la agencia de la Comisión por la Memoria.
"Se le imputa haber asesinado a su marido junto con ese vecino que abusaba de ella cuando su marido la ofrecía como moneda de cambio de las deudas que mantenía con Vilca", continúa el informe.
Como resultado se logró que Reina llegue al juicio con prisión domiciliaria, viviendo con su hija más pequeña –nacida en la Unidad 33 de Los Hornos- en la casa de unos familiares radicados en el Gran Buenos Aires.
Desde la CPM consideran que “el Caso Reina Maraz visibiliza la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra una persona al "coincidir en ella una especie de intersección de causas de desigualdad: es mujer, es pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de mucha violencia, lo que la coloca en una situación particular que debe ser tenida en cuenta por todos los actores institucionales intervinientes”, concluye la nota de prensa.
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