Francisco Montero llegó a Las Talitas hace siete años. Es boliviano, tiene más de 60 años e igual que otros obreros de este distrito de Tucumán fue llevado allá como mano de obra barata para trabajar en la tejería de un empresario argentino.
Vive donde trabaja, en precarias condiciones, según estableció el fiscal Marcelo Colombo, titular de Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
Ayer por la mañana, por orden de la justicia federal argentina, una cuadrilla de la Gendarmería Nacional intervino sorpresivamente la cortadora de ladrillos de propiedad de Héctor Daghero, en Las Talitas, el lugar donde trabajan Francisco y otras 30 personas. De ellos, la mitad son bolivianos migrantes. Así lo refleja el diario La Gaceta.
Los cargos: supuesto trabajo esclavo, trata y tráfico de personas y precarias condiciones de vida, donde viven familias con niños.
Eso explicó Daniel Weisenberg, funcionario judicial, que encabezó el operativo a pedido del fiscal federal Pablo Camuña, bajo orden del juez Fernando Poviña.
La defensa
Inmediatamente, el abogado defensor de Daghero, Juan Carlos Valor, llegó a la tejería en medio del operativo para negar todos los cargos y defender al empresario.
“Todos los bolivianos tienen papeles. Hay gente que sí, que efectivamente está trabajando y que tienen un contrato de locación.
En la práctica diaria, a la finca se la arrienda”, sostuvo.
Es decir, el empresario dueño del predio de la tejería (una que funciona en similares condiciones humanas a las que pululan en provincias cruceñas y benianas) contrata a los obreros bolivianos, los trae, según el testimonio de los jornaleros, y les alquila los espacios en donde han levantado casuchitas de hule y maderas, sin baños.
¿Trata y tráfico?
“Somos contratados por los patrones grandes. Nos contratan, nos pagan el pasaje desde Bolivia hasta aquí. Entonces, venimos con pasajes gratis. Por eso nos quedamos aquí”, narró Montero a los periodistas, en una entrevista publicaada por el periódico La Gaceta (https:/ /www.youtube.com/watch?v=FIvtDBANI8s).
Valor recalca que todos los trabajadores de nacionalidad boliviana tienen sus documentos de migración en regla.
Elena Huanca, otra empleada, relata que trabaja y vive allí con su hija, reconoce, en condiciones precarias.
Sobre la explotación, Montero explica que trabajan a destajo. Que por cada 1.000 ladrillos que hacen, “los patrones grandes” les pagan 400 pesos argentinos (alrededor de Bs 200) y que los que trabajan por día apenas ganan 150 pesos.
“Cuando llueve, no trabajamos. Cuando está bonito, hasta domingo trabajamos”, explica el obrero boliviano. Weisenberg informó que la Gendarmería Nacional estableció un punto de custodia y que se recabó la información que la justicia necesitaba
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