Justicia calla, a 9 años de la muerte de seis bolivianos en Argentina

La problemática de los talleres textiles que funcionan con trabajadores en situación de explotación y condiciones infrahumanas de vida en Argentina saltó a la palestra tras el incendio ocurrido el año 2006 y en el que se lamentaron seis muertes.

Todas las víctimas son de origen boliviano, sin embargo tras nueve años los responsables siguen libres y son pocos los cambios que se vislumbran respecto a esta forma de trabajo. Añadido a esto en abril pasado se tuvo que lamentar la muerte de dos niños en el incendio de otro taller textil.
Luis Fernando Rodríguez es el padre del pequeño Harry, quien murió junto a otras cuatro menores y una mujer embarazada en el incendio de la calle Luis Viale de Buenos Aires (2006) cuando tenía tres años. Todos ellos no pudieron escapar de las llamas en las que se vio envuelto el inmueble tras un corto circuito, producido por la recarga de energía eléctrica que se utilizaba para la producción de ropa.
Las escenas en las que fueron encontrados los cuerpos fueron realmente conmovedoras. Juana, la embarazada, yacía abrazada junto a cuatro de los menores fallecidos, intentando cubrirlos con su cuerpo. En otra escena el pequeño Harry fue encontrado muerto en posición de cúbito dorsal, todos carbonizados y consumidos por las llamas.
Rodríguez y su esposa, que ahora viven en Bolivia, son los únicos querellantes que desde el principio se movilizaron para que los responsables respondan por la muerte de su hijo, el resto de los familiares de los fallecidos no se movilizaron ni formalizaron su pedido de justicia.
“Antes que ocurra la tragedia quería que me paguen mi sueldo para irme por las malas condiciones de trabajo, las enfermedades y la gran energía eléctrica que se requería para la producción de prendas. Incluso días antes del incendio una niña voló casi tres metros al meter un destornillador a uno de los enchufes, pero como no me pagaban no me fui y después pasó lo que pasó”, cuenta el padre mientras deja escapar una lágrima.
Agrega que en ese momento sufrió mucho, pues además estuvo tres meses en busca del cuerpo de su hijo, que no se lo entregaban. “Con mi esposa hemos tenido que caminar morgue por morgue para tratar de ubicar a mi hijo. Ya no sabía dónde dirigirme” relata con la voz aún entrecortada.

Los años pasan
De este trágico hecho pasaron nueve años en un proceso judicial que lleva tres recursos de casación y un juicio abreviado. Sin embargo, aún no llegó a juicio oral y los talleristas imputados Luis Sillerico de nacionalidad boliviana y Juan Manuel Correa de nacionalidad argentina, continúan libres.
En el caso de los responsables del local y dueños del inmueble, Jaime Geiler y Daniel Fisberg, que a la vez eran proveedores de las prendas que se costuraban y comercializaban, no fueron llamados a declarar.
La abogada que lleva el caso, Myriam Carsen, señala que el principal obstáculo fueron los ritmos y decisiones del poder judicial, además de “los fiscales que obstruyeron que se haga justicia”. De acuerdo a su explicación lo que buscan ahora es que se concrete la orden de la cámara de casación con el objetivo de que se haga el juicio oral, dado que es la tercera vez que se tiene la orden pero por apelaciones no se concreta. La causa continúa en la sala 4 de casación penal.
“Luis Fernando y su esposa a pocos días de lo ocurrido tomaron la decisión de impulsar la investigación hasta sus últimas consecuencias. De esta manera, se imputó a los talleristas y también se pidió la imputación para los responsables del local Jaime Geiler y Daniel Fisberg. Éstos nunca fueron citados a declarar, ni como testigos a pesar de ser quienes más se beneficiaban con el alquiler y la producción del local. Hasta ahora no se hizo ninguna investigación respecto a ellos” enfatiza Carsen.
La abogada añade que la tragedia también fue responsabilidad de los funcionarios públicos tanto de la ciudad como del gobierno nacional, quienes debían ocuparse de fiscalizar el trabajo en un taller habilitado que violaba las normas. “Así se hubiesen detectado y corregido las irregularidades con las que funcionaba, cuando tenía más de 40 trabajadores y sólo estaba habilitado para cinco”, explica.
Luis Fernando Rodríguez detalla que la Policía nunca hacia nada a pesar de las denuncias de los vecinos, revela que siente mucha pena e impotencia el no poder venir de forma seguida para hacer el seguimiento del caso y continuar pidiendo justicia, pues ahora trabaja en Bolivia, donde vive con su mujer y sus hijos.
Enfatiza que es la quinta vez que vuelve en nueve años para pedir justicia por la muerte de su hijo y las otras cinco personas que fallecieron. Asegura tener el mismo sentimiento del primer día, empero hoy se encuentra muy apoyado.
Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes del incendio de 2006, señala que los culpables quedaron libres y los sobrevivientes en la calle. En su caso ella resultó con una discapacidad y su salud deteriorada.
Hidalgo denuncia que en los controles primero se ataca a los talleres familiares cuando en las grandes fábricas hay trabajadores “en negro” que no figuran en planilla, ni tienen una obra social. Explica que los hacen trabajar tres meses para luego despedirlos sin pagarles beneficios sociales.
“Me duele que para los más pobres y humildes no haya justicia. Los inmigrantes somos discriminados. Aquí los bolivianos somos mal vistos, seremos morenos pero somos gente trabajadora y los gobernantes saben dónde están los talleres”, dice y agrega que son las grandes fábricas, las que se nutren del trabajo de estos recintos.



Piden imputación para empresario koreano

El incendio de otro taller textil sucedido en abril de este año, donde murieron los niños Rodrigo y Rolando Mur, hizo que los medios de comunicación y la opinión pública pusieran nuevamente sus ojos en una problemática sumergida en medio del trabajo ilegal y la explotación de trabajadores, en su mayoría migrantes bolivianos.
Gabriela Carpineti, abogada de Esteban Mur- padre de los niños fallecidos en el incendio de la calle Páez- señala que si hay justicia para el caso de la calle Luis Viale, habrá justicia para el caso de la calle Paéz.
Resalta que a diferencia del otro caso, el incendio del 27 de abril de este año se encuentra en un juzgado federal y tiene una tipificación de trata con fines de explotación laboral, por lo que se tienen mayores expectativas de llegar a un juicio oral. Reveló que se está solicitando la imputación del empresario koreano Lee Sung Yong a quien acusan como responsable de la producción y explotación laboral de ese taller clandestino.
“Los incendios y las condiciones de vida en los talleres son un problema político y nos tenemos que hacer responsables todos, porque tenemos un poder judicial acostumbrado a expropiarle el conflicto a las víctimas. Debemos construir un escenario en el que se trabaje y viva de manera distinta y así evitar situaciones como ésta que lamentamos hoy”, afirma.
Juan Vásquez representante del colectivo Simbiosis Cultural que impulsa la difusión de estos casos y el pedido de justicia, señala que los dos casos produjeron innumerables movimientos que esperan se traduzcan en fuentes de trabajo digno. Sin embargo, lamentó que desde el año 2006 no se modificaron las estructuras de organización, las reglas del Estado y mercado para que el sistema se siga reproduciendo.
“Estamos apoyando a Luis Fernando Rodríguez para decirle que no estamos dispuestos a olvidar, y desde el último hecho trágico (en sbril) no hubo una línea de investigación ni tampoco nuevas reglas que impidan que este sistema se siga reproduciendo. Por eso organizamos una serie de eventos como la conferencia de prensa, encuentros y marchas. El objetivo es que se haga justicia y se faciliten los mecanismos que necesitan los talleres para regularizarse y constituirse en lugares seguros para trabajar”, concluye.



A la luz el caso de la calle Luis Viale

Conferencia de prensa
Entre las actividades de visibilización impulsadas por el colectivo Simbiosis Cultural destacan conferencias de prensa, encuentros y marchas para que los padres de los niños fallecidos hagan público su pedido de justicia en busca de que se esclarezcan estas muertes y se castiguen a los responsables.

Volvió a pedir justicia
Luis Fernando Rodríguez volvió desde Bolivia con él único objetivo de visibilizar el caso y continuar pidiendo justicia por su hijo Harry, quien murió cuando tenía tres años en el 2006. Rodríguez se contactó con los medios de comunicación para que la sociedad reflexione y no olvide lo sucedido.

Nora de Cortiñas
Una de las fundadores del Movimiento de las Abuelas de Plaza de Mayo y referente en la lucha por los derechos humanos, expresó su solidaridad con los familiares que tienen que seguir esperando por justicia. Pidió por un país sin impunidad, donde se respeten los derechos de los migrantes que vienen en busca de mejores oportunidades de vida.