La Policía de Carreteras de Goiás detectó el jueves tres autobuses con bolivianos que se dirigían a Goiás. Sin embargo, según la el portal de la revista Veja, los viajeros tratarían de llegar a Brasilia para apoyar la protesta en contra de la destitución de la presidente Rousseff.
Los buses contaban con la autorización de la Dirección de Transporte terrestre, fluvial y lacustre, dependiente del Viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras Públicas.
Página Siete llamó a la Unidad de Comunicación del Ministerio de Obras, que derivó con el viceministro de Transporte Pascual Huarachi. Se llamó a la autoridad, pero no respondió.
Según la publicación del diario Opción de Goias, la Policía Federal de Carreteras de Brasil realizó la inspección de cada uno de los buses y sus ocupantes y determinó que "no se ha encontrado ninguna irregularidad”.
Además, verificó que los vehículos cuenten con los permisos de circulación respectiva. Estos buses fueron contratados por el Grupo Sion, que en un comunicado explicó que estas personas viajaban sólo hasta Goiana, para participar del lanzamiento de esta empresa de bienes raíces en Brasil. "La razón (del viaje) no tiene nada que ver con las manifestaciones políticas que se están produciendo en Brasil”, señala Sion en el comunicado.
No obstante, autoridades de Brasil tratan de impedir que extranjeros participen de las movilizaciones que convocaron militantes del Partido de los Trabajadores que apoya a Rousseff.
El documento firmado por el procurador de la república en Goiás, Ailton De Souza, señala que el Estatuto del Extranjero de Brasil establece que "un extranjero no puede participar en actividades de naturaleza política” y que de hacerlo se enfrentaría a penas de un año de detención y de tres años de expulsión del país”.
En la misma línea, el presidente de la Federación Nacional de Policía Federal (Fenapef) de Brasil, Luis Boudens, advirtió que los extranjeros que participen en las protestas convocadas para el domingo, coincidiendo con la votación parlamentaria del juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, podrán ser detenidos y expulsados del país, según el portal de Metropoly.
Con motivo de la sesión congresal en el que se definió la situación de la presidente Rousseff, varios ciudadanos venezolanos, peruanos, argentinos y paraguayos también organizaron "excursiones” para estar presente en los actos, reportaron medios brasileños.
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