El caso de los nueve funcionarios bolivianos recluidos en Chile fue remitido a Santiago. El equipo jurídico decidió apelar la decisión que emitió el jueves la Corte de Apelaciones de Iquique y llevó el proceso a la Corte Suprema de Justicia del vecino país, que hasta ayer no había notificado a la parte boliviana para la audiencia. A su vez, se evalúa el pedido de revisión de la detención preventiva como otra alternativa. Mientras, el presidente Evo Morales exhortó a las autoridades judiciales chilenas no dejarse someter por el poder político.
El abogado chileno Claudio Vila, que encabeza la defensa de los bolivianos recluidos en Alto Hospicio, explicó que el viernes se apeló ante la Corte Suprema vía sistema informático del Poder Judicial del vecino país. “No tenemos fecha de audiencia para presentar nuestros alegatos”, remarcó.
El jueves, la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el amparo que presentó el equipo boliviano y calificó de legal la decisión del Tribunal de Garantías de Pozo Almonte, que emitió la detención preventiva en contra de dos militares y siete funcionarios de Aduana de Bolivia, a quienes acusó de contabando, porte ilegal de armas y robo de mercadería. Los funcionarios cumplían un operativo antidrogas en la frontera entre ambos países y Carabineros los detuvo (el 19 de marzo), supuestamente en el lado chileno.
El amparo constitucional tiene el fin de demostrar que los nueve funcionarios, mientras cumplían una función pública, fueron detenidos ilegalmente y de manera abusiva y arbitraria, lo que representa, dijo Vila, una vulneración a los derechos humanos de los connacionales.
La justificación
“No estamos hablando de un grupo de personas que se reunieron y fueron a la frontera porque quisieron.
Es un grupo de funcionarios que hacía un trabajo público y fundamental, que es la lucha contra el contrabando. Entonces, acusarlos, detenerlos, maltratarlos y meterlos a prisión es un acto de vulneración de los derechos humanos”, remarcó Vila.
En La Paz, el presidente Morales se refirió al caso y lamentó que la Corte de Apelaciones de Iquique haya rechazado el amparo. Además, exhortó a las autoridades judiciales del vecino país no dejarse llevar por intencionalidades políticas.
“No nos estamos descuidando, hay distintas acciones para liberarlos. Ojalá que la justicia chilena obre o decida en base a legalidad y no por decisión política”, señaló Morales.
Morales confirmó que la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Carmen Almendras, retornó a Iquique para vigilar la estrategia. La autoridad ya estuvo presente en la ciudad chilena cuando se decidió no apelar el fallo y optar por el amparo constitucional.
El fin de semana, un grupo de familiares viajó a Iquique para visitar a sus allegados detenidos. El domingo ingresaron a la cárcel para encontrarse con sus seres queridos. Sara Rada, madre de uno de los funcionarios, relató que los nueve están “con la moral un poco baja” por la decisión judicial.
“Están sanos, que es lo que más importa. Bajaron peso, pero no es alarmante. Ellos esperan salir pronto de prisión”, comentó Rada.
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