Gerardo Aravena Longa ostentaba el grado de teniente en la época en que sucedieron los hechos.
La Corte Suprema de Chile condenó a siete años de prisión a un coronel retirado de Carabineros por el asesinato de cinco opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, cometido entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, informaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de Gerardo Aravena Longa, quien tenía el grado de teniente en la época de los hechos y que deberá cumplir en prisión la condena dispuesta por el fallo dictado por la II Sala Penal del máximo tribunal chileno.
No obstante, la sentencia rebaja a menos de la mitad los 16 años de prisión que estableció en un fallo de primera instancia en 2007 el juez especial Joaquín Billard, quien tuvo a su cargo la investigación de los hechos.
La condena. Según el expediente del caso, el 16 de septiembre de 1973, Aravena y un grupo de carabineros a sus órdenes fusilaron en un paraje rural cercano a la localidad de Curacaví, a 30 kilómetros al oeste de Santiago, a Jorge Toro, Justo Mendoza, Jorge Yáñez, Segundo Gárate y José Barrera, todos ellos trabajadores de la zona y opositores a la dictadura.
Barrera pudo sobrevivir y, tras permanecer varios meses oculto, regresó a su casa el 13 de marzo de 1974, tras presentarse en el Ministerio de Defensa, en Santiago, donde le aseguraron que no había acusaciones en su contra.
No obstante, en la madrugada del día siguiente, Gerardo Aravena y el oficial del Ejército Carlos Figueroa Silva, acompañados de dos carabineros, lo sacaron nuevamente de su hogar y lo condujeron a un alejado paraje rural, donde lo asesinaron.
La dictadura. En Chile hay todavía en trámite 1.268 juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, según la Corte Suprema.
Entre ellos está la muerte del presidente Salvador Allende, en La Moneda (sede de Gobierno), el 11 de septiembre de 1973, y el fallecimiento, pocos días después, del poeta Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971.
2.300 chilenos murieron durante la dictadura de Pinochet; de los cuales, casi la mitad figuran aún como desaparecidos, según datos
oficiales.
La corte suprema confirmó que el fisco debe pagar una indemnización de 40 millones de pesos (unos 130.000 dólares) a Víctor Barrera, hermano de una de las víctimas y demandante en la causa, quien además pertenece a la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos durante la dictadura pinochetista.
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