EL DIARIO reproduce el informe publicado por el Foro de Periodismo Argentino en el marco del proyecto La Otra Trama (19-12-16): http://www.investigacionesfopea.com/hornos-ladrilleros/
Este trabajo refleja la situación de muchos compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras y que lejos de Bolivia deben enfrentar la crudeza de la pobreza incluso empleando a sus hijos, que son explotados y maltratados.
Este trabajo llegará a su amable conocimiento en dos partes por lo extenso del valiosos contenido, que enriquece la investigación periodística latinoamericana.
LADRILLO SOBRE LADRILLO
En los últimos 20 años, cientos de familias llegadas de Bolivia se fueron instalando en esta ciudad de Río Negro para elaborar ladrillos. Hombres, mujeres y niños viven y trabajan en campamentos. Esta actividad productiva —que mueve más de 40 millones de pesos al año— se desarrolla en medio de la informalidad laboral, la precariedad habitacional y el trabajo infantil. El empuje de una comunidad que vino a la Argentina en búsqueda de mejores oportunidades está sujeto a una red de empleo no registrado que vulnera sus derechos. Esta investigación presenta la vida en estas poblaciones, los patrones culturales que chocan con el pleno ejercicio de los derechos sociales y laborales, y el rol del Estado en ese contexto.
Juan lleva diez horas trabajando sin parar y en su rostro corren gotas que se transforman en barro cuando tocan la arcilla seca que se le pega en la frente. Sus manos y su cintura se mueven sin descanso. Tiene que cortar más de 1.000 ladrillos para que la jornada rinda y el esfuerzo se traduzca en algo más de 400 pesos. Su esposa, parada a tres metros de altura, apila en una hornalla miles de piezas. Cuando terminen de quemarse, quedarán listas para la venta. Su hijo, de casi 15 años, empuja una carretilla llena de barro.
Como esta familia, cuyos nombres han sido cambiados para proteger su identidad, otras cientas viven en los campamentos de Allen. Los ladrillos que se elaboran en esta localidad de 40 mil habitantes, ubicada en el Alto Valle de Río Negro, Argentina, son conocidos por su calidad en toda la Patagonia. Sin embargo, detrás de esta actividad, que ha tomado gran impulso en las últimas dos décadas, hay trabajadores explotados por una red de empleo no registrado que vulnera sus derechos.
Casi en su totalidad, los obreros que trabajan en la elaboración de ladrillos provienen de Bolivia y llegaron a la Argentina junto a sus familias con la esperanza de encontrar un empleo que les permita sobrevivir. En esa lógica de subsistencia, se convirtieron en el eslabón más débil de una cadena que mueve millones de pesos por temporada.
LA PRODUCCIÓN
Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la producción ladrillera de Allen alcanzó un número de entre 16 y 24 millones de piezas en la temporada 2013-2014. Y la recaudación anual en venta de ladrillones (apenas más grandes que los ladrillos comunes) de Allen —contemplando una pérdida del 10% y sin contabilizar costos de materias primas ni laborales— superó los 42,5 millones de pesos.
El volumen de dinero que genera la actividad ladrillera constituye uno de los flujos económicos más importantes de la ciudad, pero se fuga por los canales de la informalidad. Según el área de Comercio de la Municipalidad de Allen, en la actualidad no existe ningún horno ladrillero con habilitación comercial. De los 120 hornos que se calcula que se encuentran en funcionamiento, apenas un 25% están inscriptos como monotributistas y solo unos pocos tienen la categoría de responsables inscriptos.
Un relevamiento que llevaron adelante los propios ladrilleros en el 2010 es el único dato de referencia que se conoce sobre la cantidad de personas que viven en Colonia 12 de Octubre, el campamento más grande de Allen. De acuerdo a lo relevado, había por entonces unos 5.000 habitantes y la actividad generaba 350 puestos de empleo. Ahora, se estima que la población ladrillera ha experimentado un decrecimiento porque el cambio de moneda en la Argentina dejó de convenirles a los obreros golondrina que llegan desde Bolivia.
Cada día, decenas de camiones ingresan a Colonia 12 de Octubre para comprar ladrillos. La carga es tan irregular como el resto de las actividades y es realizada por “changas” de nacionalidad argentina.Los camioneros “levantan” a los cargadores en el ingreso al campamento y les pagan 100 pesos por cada 1.000 ladrillos estibados. A corto o mediano plazo, se lee en el rostro de los cargadores el peso del trabajo, que termina provocando severas lesiones en la cintura y la columna. Muchas veces, se ven adolescentes acarreando los ladrillos desde las hornallas hasta los camiones.
En cada campamento, existe una zona de trabajo en la que están localizados los pisaderos (espacio en el que se arma la mezcla del barro para los ladrillos), las canchas (donde se cortan y se dejan secar los ladrillos) y las hornallas en las que se cocinan las piezas.
Generalmente, las viviendas o habitaciones que ocupan los obreros están ubicadas en un extremo del campamento.
En la elaboración de los ladrillos, existen diferentes puestos de trabajo. Los cortadores, como su nombre lo indica, se encargan de cortar los ladrillos y son los más buscados por los propietarios de los hornos. Para que el corte rinda, estos obreros deben conjugar la técnica con la velocidad.El banquetero se encarga de trasladar los ladrillos que se secaron en la cancha hasta el lugar en el que se cocerán. Una labor, mayoritariamente a cargo de mujeres, es la de las apiladoras: ordenan las piezas de barro para construir las hornallas.
Los ladrillos se venden en los mismos campamentos. Hasta allí llegan transportistas que trasladan las piezas de barro hasta las obras, corralones o puntos de reventa. En los hornos, 1.000 ladrillones de primera calidad se consiguen a 3.500 pesos. Apenas se trasladan a los corralones de Allen, el precio se incrementa más de un 30 por ciento: 5.193 pesos las 1.000 piezas (precios a diciembre de 2016).
VIDA EN LOS CAMPAMENTOS
Colonia 12 de Octubre es una franja de territorio arcilloso ubicada al noreste de Allen, sobre la zona de bardas (terrenos elevados que bordean el Alto Valle). No es un sector urbanizado y en el lugar existen un centenar de campamentos ladrilleros ubicados sobre la traza de un gasoducto de alta presión y debajo de una línea de alta tensión. Durante muchos años, se creyó que la superficie de este poblado pertenecía al Estado. Los horneros no tenían ningún tipo de documentación de las tierras que ocupaban. Pero en el 2009, Bardas de San Miguel, una empresa minera, se adjudicó la titularidad de las parcelas.
El municipio de Allen había elaborado un plan para trasladar los hornos hacia el este, en la zona de Guerrico, donde se pensaba organizar un parque ladrillero, pero el proyecto no tuvo aceptación entre los horneros bolivianos y en el 2010 terminaron adquiriendo las tierras de Colonia 12 de Octubre a la compañía propietaria.
En total, los horneros compraron 117 hectáreas (toda la extensión de este campamento) a través de la Asociación de Ladrilleros Árbol Río Negro, entidad que crearon al efecto.
Sin embargo seis años después, todavía no existe la escrituración de las tierras por problemas internos y legales que tuvo la propia organización ladrillera.
“Yo ya no sé qué pensar con todo esto de la compra de las tierras. Con mucho esfuerzo nosotros juntamos peso por peso para ser propietarios pero todavía no nos han entregado las escrituras de los lotes y creo que acá alguien nos metió la mano en el bolsillo. Cuando tengamos los títulos de propiedad, recién ahí, vamos a poder empezar a tener los servicios como el agua o la luz de manera legal”, dice un hornero de Colonia 12 de Octubre.
La zona norte de los hornos está ubicada en las bardas, detrás de una franja de chacras de una empresa frutícola. A diferencia de Colonia 12 de Octubre, en el norte, todos los hornos están localizados sobre tierras de un mismo dueño: un productor minero de nacionalidad argentina que provee más del 50% del limo que se utiliza para la elaboración de los ladrillos en Allen.
También es propietario de las habitaciones que ocupan tanto los trabajadores permanentes como los temporarios, y ha hecho los tendidos de luz, compra el agua para consumo, etc, según indica el informe de la UNRN y el CFI.
El predio donde están asentados estos hornos no está subdividido oficialmente, por lo que todos los caminos dentro de él son privados y requieren de autorización expresa del propietario para circular en ellos. Asimismo, la posibilidad de crecimiento económico en esta zona de hornos es más acotada, ya que el dueño de las tierras tiene injerencia sobre todo la cadena productiva: les vende a los horneros la materia prima al precio que considera oportuno, se queda con un porcentaje de ladrillos en concepto de alquiler y controla todo el proceso.
EL ROL DEL ESTADO
Como las familias viven y trabajan en el mismo espacio, la vulnerabilidad en la que se encuentran tiene varias dimensiones: sin trabajo formal, no tienen aportes a la obra social, a la ANSES, ni ART o seguro de vida. Por otro lado, todos deben colaborar para alcanzar la meta productiva: por eso, mujeres, adolescentes y niños se suman a las tareas. Por último, las viviendas suelen ser precarias, no tienen cloacas y están “colgadas” al tendido eléctrico.
“La mayoría de las personas son de nacionalidad boliviana, y hay muchos menores. Se visualizaron baños en estado precario y habitaciones cerradas con candados, lo que hace suponer que había gente que no podía obrar libremente en su vida. La situación de los menores también es compleja”, dijo la ex viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, al referirse a una inspección que se hizo en Colonia 12 de Octubre durante el 2011. La cartera nacional aseguró en esa fecha que en la zona ladrillera de Allen había “trata de personas” y que se habían detectado casos de trabajo infantil.
Las inspecciones de los organismos de control en la zona ladrillera (Colonia 12 de Octubre y sector norte) han sido esporádicas, pero en cada operativo se hallaron serias irregularidades: principalmente, falta de registración de los trabajadores, además de precariedad en viviendas y sectores de sanitarios, según explica el delegado en Allen de la Secretaría provincial de Trabajo, Daniel Panero. Cuando los obreros advierten la presencia de inspectores, muchos huyen de los campamentos y se esconden detrás de las bardas o en algún lugar de difícil acceso. Lo mismo sucedió durante el desarrollo de esta investigación con un grupo de mujeres que, al ser fotografiadas trabajando en uno de los campamentos, se escondieron detrás de una pila de ladrillos, visiblemente asustadas, mientras señalaban al dueño del horno, que vigilaba a los obreros desde otro sector. Cabe aclarar que el trabajo femenino está prohibido en el contrato colectivo de ladrilleros.
ESCASAS DENUNCIAS
Panero relata que son “contados” los casos en los que los obreros del ladrillo se animaron a denunciar las pésimas condiciones de trabajo. En una oportunidad —recuerda el funcionario—, una pareja de inmigrantes bolivianos acudió a la sede de Trabajo para denunciar que el propietario del campamento sólo les daba 50 pesos por semana para la comida. Pero cuando se activaron los mecanismos para avanzar con las acciones, desistieron de la presentación.
La Secretaría de Trabajo de Río Negro no realizó inspecciones en la zona ladrillera durante el 2015 y casi todo el 2016. En noviembre de este año, hizo un operativo de higiene y seguridad en Colonia 12 de Octubre. De acuerdo al organismo, no cuentan con los recursos necesarios para el control eficaz de un territorio tan extenso: 150 hectáreas, aproximadamente.
Las condiciones de precariedad de la mayoría de las viviendas que habitan los obreros del ladrillo son visibles. En el sector norte, viven hacinados en habitaciones que no cumplen ningún requisito de seguridad e higiene laboral.
En Colonia 12 de Octubre, que es el territorio ladrillero más extenso, acceden a los servicios en forma clandestina (se “cuelgan a la luz”, por ejemplo) y gran parte de los campamentos están ubicados sobre la traza de un gasoducto troncal de alta presión y debajo de una línea de alta tensión, con el riesgo que representa. En enero y julio del 2012, el gasoducto fue dañado por máquinas excavadoras que trabajan en la actividad ladrillera. El panorama fue crítico porque el caño tiene una presión de 25 kilos, es decir, 25 veces mayor a la que posee la red domiciliaria de gas.
Como los obreros del ladrillo son trabajadores no registrados, no tienen aportes al sistema de seguridad social y padecen la carencia general de los derechos y beneficios que prevé la normativa para los empleados. Al no contar con obra social, el Hospital Dr. Ernesto Accame de Allen se encarga de cubrir toda la demanda sanitaria de los trabajadores ladrilleros. En cuanto a la educación, los padres ven en la escuela la posibilidad de ascenso social, el camino para que sus hijos salgan de la vida sacrificada en los campamentos. Los niños van, en su gran mayoría, a la escuela primaria Nº 299, pero también a otros establecimientos de la ciudad.
*(este reportaje continuará en la edición de mañana)
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