El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces españoles, acordó hoy conceder al juez Baltasar Garzón autorización para incorporarse al Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, del que fue elegido miembro el pasado 6 de julio.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces decidió aprobar la petición formulada por Garzón el pasado mes de septiembre, al considerar que el permiso no afecta a la situación procesal del magistrado, ya que como el mismo juez indica en su solicitud dicho cargo no comporta inmunidad alguna, informa el CGPJ.
Garzón está suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional española debido a un supuesto caso de prevaricación por declararse competente para investigar las desapariciones durante el Franquismo (1939-1975), y por ordenar la grabación de las conversaciones en prisión entre los imputados de un caso de corrupción y sus abogados.
Conocido porque procesó en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet y por otros casos internacionales, el juez español tiene abierta una tercera causa en el Tribunal Supremo de España por haber cobrado presuntamente dinero del Banco de Santander para una estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
Tras analizar el informe requerido al Tribunal Supremo sobre la solicitud de Garzón, la Comisión Permanente concedió la autorización con los votos a favor de tres de los vocales que la integran, mientras que los otros dos se pronunciaron en contra.
Antes de dar su autorización, el Consejo se dirigió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que informara sobre si existía alguna disposición que impidiera la incorporación del magistrado al CPT por su situación de suspensión cautelar, derivada de las tres investigaciones que existen abiertas contra él en el Supremo.
La solicitud de Garzón para integrarse al CPT llegó cuatro meses después de que el Consejo del Poder Judicial le concediera otro permiso para trabajar durante un año como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia.
En el caso del CPT, sus miembros son "expertos independientes e imparciales", entre los que hay abogados, médicos y especialistas en cuestiones penitenciarias y policiales, y tienen como misión prevenir los malos tratos.
Realiza asimismo visitas periódicas a cada uno de los Estados del Consejo de Europa para examinar el trato que se dispensa en los centros de detención a las personas privadas de libertad.
Durante sus visitas, inspeccionan sin previo aviso prisiones, centros de detención para menores, comisarías de policía, centros de detención para inmigrantes, hospitales psiquiátricos y centros de asistencia social.
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