Los negocios están cerrados, las madres no dejan que los niños salgan a las calles; los pocos vendedores ambulantes que hay esconden su mercadería al escuchar las estruendosas protestas; los hoteles han colgado en sus ventanas mensajes de apoyo al paro y los que no lo han hecho se han sometido a las pedradas. Por la noche, todos los hoteles se mantuvieron sin encender sus luces. Es común ver también cómo se agrede a latigazos a los pobladores que no apoyan la protesta.
Los bancos y las cajas rurales han sido vilmente atacados. Los manifestantes, aprovechando la inacción de la policía y de los militares autorizados por el presidente peruano Alan García a resguardar el orden en la zona, atacaron y quemaron a su paso los locales de la Gobernación, la Sunat y Aduanas. En todas estas dependencias los huelguistas incendiaron mobiliario, computadoras y documentación.
En las oficinas de la Contraloría General de la República del Perú incluso secuestraron por unas horas a 14 trabajadores. El local del Ministerio Público y algunos vehículos de la Policía también fueron apedreados.
Las autoridades regionales y locales son incapaces de controlar la situación y han preferido, algunos con tibieza, otros con convicción, respaldar la medida de fuerza. Todo liderazgo se ha perdido para entregarlo a la colectividad. En un momento de franqueza, las autoridades les pidieron el miércoles a los representantes de la comisión enviada por el Ejecutivo que los entiendan, que si se oponen a los manifestantes serían ajusticiados.
Hay temor también en las autoridades enviadas por el Ejecutivo, quienes evitan tener frente a ellos a la población. Esta ha sido la razón para que el diálogo se desarrolle en Juliaca y no en Puno (también propusieron reunirse en Lima y en Arequipa). Ayer, por la madrugada, cuando se quebró el diálogo, faltaba poco para que los cuatro viceministros y miembros de la comisión de alto nivel que llegaron para dialogar, fueran agredidos.
La situación era cada vez más inquietante y recién en horas de la noche el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, Walter Anduviri, quien encabeza las protestas, aseguró que han sido delincuentes infiltrados quienes atentaron contra las entidades públicas y privadas.
AIMARAS OBLIGADOS
Los pobladores aimaras, pese a su resistencia y su bravura, también temen a la aplastante autoridad colectiva. Los que no participan en las marchas tienen que pagar una multa en su comunidad. De no hacerlo son castigados físicamente. Es la ley aimara. A la marcha en Puno ha tenido que ir una persona por cada vivienda, mientras que quienes se han quedado en casa tienen la tarea de turnarse en los piquetes que hay a lo largo de la carretera Ilo-Desaguadero.
Las mujeres que han llegado a Puno también temen por su salud. En tres puntos se han concentrado los campamentos de los manifestantes en la capital regional: Chanu Chanu, la plaza Mariátegui y la Plaza de Armas, donde se les puede ver durmiendo en las noches a la intemperie o en las combis y camiones que los transportaron desde sus comunidades. Hay fogatas para controlar el frío, pero las bajas temperaturas también están en su contra. A la luz, cocinan sus alimentos y nuevamente parece que Puno fuera víctima del más mortal terremoto de su historia y que los aimaras hubieran sido castigados por la ira de su propia tierra.
Los alimentos han empezado a escasear, pero la situación es realmente difícil en poblados del sur: Acora, Ilave, Juli, Pomata, Yunguyo y Desaguadero, que voluntariamente se han aislado bloqueando las carreteras de acceso. Esto como parte de su protesta que ya lleva 18 días y que, por temor, falta de liderazgo e inacción, pareciera nunca acabar.
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