Repsol anunció ayer que reclamará 10.500 millones de dólares por la expropiación del 51% de sus acciones de su filial argentina, mientras el Gobierno de Cristina Fernández dijo que estudiará el valor real del monto que debe pagar y acusó a la firma española de endeudar a la estatal petrolera.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró que el grupo pedirá “una compensación a través del arbitraje internacional”, que deberá “ser al menos igual” al valor de su participación, que estimó en 10.500 millones de dólares.
El Gobierno argentino, en tanto, presentó a las comisiones económicas del Senado el proyecto de expropiación del 51% del paquete de 57,4% de títulos que Repsol posee en YPF, firma que está intervenida desde el lunes.
Axel Kicillof, flamante subinterventor de la compañía e ideólogo de la expropiación, acusó ante los senadores a Brufau de endeudar la filial en 9.000 millones de dólares.
“El que habla de excelente gestión adeuda 9.000 millones de dólares. A veces se disfraza la deuda con inversión. Brufau nos dijo que no tiene plata para invertir. ¿Dónde la habían puesto que no la tienen?”, declaró.
Sobre el reclamo que planteó la petrolera, Kicillof insistió en que el Tribunal de Tasaciones de Argentina será el encargado de establecer el precio.
“Estamos en condiciones de decir que los números que hablaban acerca del valor de la compañía, de manera imprudente, van a ser revisados a medida que vayamos conociendo vericuetos e información secreta que la empresa manejaba”, argumentó.
El lunes, durante el anuncio de la intervención de YPF, la presidenta Fernández evitó mencionar el origen de los fondos que financiarán la operación que puede costarle a Argentina miles de millones de dólares, sin contar con el hecho de que YPF es la mayor contribuyente al fisco argentino y uno de sus principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores y miles de empleos indirectos.
Crisis
Antes, en Madrid, Brufau señaló que la drástica iniciativa de Fernández “sólo es una forma de tapar la crisis social y económica” de Argentina.
“El país -dijo- tiene niveles de inflación superiores a los que declara, problemas de transporte, y una política cambiaria arbitraria que ha llevado a que la economía argentina no sea competitiva”.
Argentina decidió expropiar las acciones con el argumento de que Repsol incumplió compromisos de inversión contemplados en las concesiones, con la consecuente caída de la producción y la necesidad de importar combustibles, que en 2011 significó una erogación de 9.000 millones de dólares.
En una jornada en la que continuaron las críticas a la decisión argentina por parte de entidades financieras multilaterales y la Unión Europea -aunque también hubo solidaridad de varios gobiernos latinoamericanos- las acciones de Repsol se derrumbaron 6,06% en la Bolsa de Madrid y 6,80% en la de Buenos Aires, mientras que en Nueva York seguía suspendida desde el lunes.
Como consecuencia de la expropiación, la agencia de calificación Fitch colocó a la petrolera bajo vigilancia negativa, por lo demás, el ministro argentino de Planificación, Julio De Vido, aseguró que YPF tuvo una caída del 50% en las reservas de petróleo y de 55% en las de gas.
Mientras tanto en España, sumida en una profunda crisis y golpeada por un desempleo récord de casi 23%, surge el temor a que sigan otros ataques a sus empresas en Argentina u otros países de América Latina, de cuya prosperidad económica dependen muchas compañías y por consiguiente decenas de miles de empleos.
Argentina- España
Seguridad Cristina Fernández mandó un mensaje tranquilizador asegurando que la medida responde a un intento de evitar el “vaciamiento” de la petrolera, pero no supone una amenaza para los intereses de empresas extranjeras.
Condena El representante de Comercio de la Unión Europea cuestionó la nacionalización de YPF y pidió respeto a la seguridad jurídica.
Convocatoria El ministerio de Asuntos Exteriores español convocó al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, tras la decisión de expropiar YPF.
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