El presidente de Uruguay, José Mujica, firmó una resolución por la cual rige desde ayer la ilegitimidad de los actos administrativos de gobiernos anteriores que permitieron a militares acusados de violaciones a los derechos humanos ampararse en una ley de amnistía, abriendo el camino para presentar nuevas denuncias ante la justicia.
La resolución fue firmada por Mujica el jueves. Los familiares de víctimas de la dictadura de 1973 a 1985 que no pudieron llevar sus casos ante la justicia, podrán hacerlo ahora para que el juez respectivo dictamine si abre o no proceso.
El Gobierno informó que unos 80 casos fueron amparados por la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado sancionada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos populares en 1989 y 2009.
La resolución de Mujica señala que si bien la ley de caducidad "fue aprobada en un régimen democrático y ratificada en dos consultas populares, ello no ha legitimado el proceder de la República Oriental del Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos". En Uruguay hubo una treintena de desaparecidos y otros 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario