La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se entrevistó ayer con su colega cubano Raúl Castro y advirtió que el tema de los derechos humanos no debe ser usado por algunas naciones como un arma política o ideológica contra otras. "Yo concuerdo en hablar de derechos humanos dentro de una perspectiva multilateral", dijo Rousseff a periodistas de su país que le preguntaron sobre si tratará sobre el tema con las autoridades cubanas como se lo demandaron muchos críticos de la isla. La Mandataria argumentó que no se vale "tirar piedras" cuando hay "techo de vidrio". "No es posible hacer de la política de derechos humanos solo una arma de combate político-ideológico. El mundo tiene que convencerse de que es algo de que todos los países tienen que responsabilizarse, incluido el nuestro", agregó. Como ejemplo la Presidente mencionó la irregular situación de la Base Naval de Guantánamo en el oriente cubano, convertida en prisión militar por Estados Unidos y que ha sido señalada como un centro de abusos contra prisioneros por grupos de derechos humanos de todo el mundo. La propia oficina presidencial suramericana indicó que el viaje a la isla buscaba sobre todo impulsar el intercambio comercial entre las dos naciones, que creció 31 por ciento el año pasado para ubicarse en una cifra récord de 642 millones de dólares. En sus comentarios a periodistas Rousseff se mostró contraria a las sanciones estadounidenses contra Cuba y recordó que su país tiene créditos otorgados a Cuba para la compra en el sector alimentario por unos 400 millones de dólares. Además, la Mandataria comentó que se ejecutan créditos por 200 millones de dólares en la venta a la isla "de equipos, máquinas, pequeños tractores, recolectores, para estimular la producción de alimentos en Cuba". Castro y Rousseff conversaron sobre el "excelente estado" de las relaciones bilaterales, temas de la agenda internacional y la puesta en marcha de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que son miembros todos los países de América, salvo Estados Unidos y Canadá. Precisamente sobre el tema de la Celac, Rousseff dijo que la cumbre fundacional celebrada en Caracas (Venezuela) en diciembre fue "interesante" y una de las "más importantes" realizadas en la región.

El Tribunal Supremo español reanudó hoy el juicio contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar los crímenes del franquismo con la declaración de varios testigos cuyos familiares desaparecieron en la guerra civil (1936-1939).

El magistrado está acusado de prevaricación por haberse declarado competente en 2008 para juzgar los crímenes del franquismo ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 al comienzo de la democracia.

La acusación, que no comparte la fiscalía, es consecuencia de la querella presentada por una asociación ultraderechista.

Los primeros testigos explicaron que acudieron a la Audiencia Nacional -el alto tribunal donde ejercía el magistrado, ahora suspendido de sus funciones- en busca de "justicia", después de múltiples gestiones infructuosas para localizar a sus familiares desaparecidos.

"Se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñina. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre murió enferma tras su desaparición", contó Pino Sosa, representante de una asociación de la Memoria Histórica de la isla de Gran Canaria.

María Martín López, de 81 años, recordó ante el tribunal cómo mataron a su madre el 21 de septiembre de 1936, y confirmó que sabe dónde se encuentra el cadáver, en una fosa con otros cinco cuerpos.

A preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, las dos mujeres explicaron que interpusieron una denuncia en 2006 en la Audiencia Nacional después de haber fracasado en todas las gestiones realizadas para localizar a sus familiares en ayuntamientos y juzgados.

Por su parte, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de otra asociación de Memoria Histórica, denunció un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno de la Segunda República, que -señaló-, podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio".

Aseguró que se llegó a esa conclusión tras analizar los datos de los archivos del Estado a los que no tuvieron acceso hasta el año 2000.

Rodríguez Gallardo dijo también que será "imposible" saber qué pasó con los desaparecidos sin la intervención judicial y exclusivamente con el trabajo de historiadores y personas dedicadas a la Memoria Histórica.

El juez Garzón negó ayer, al declarar ante el tribunal, que actuase por razones políticas al declararse competente para investigar las desapariciones durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.

"Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal", dijo el magistrado ante el Tribunal Supremo.

Garzón tiene abiertas otras dos causas judiciales, una de ellas por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción y la otra por unos cobros que recibió del Banco Santander durante unos cursos en Nueva York.