El procurador general de Venezuela, Carlos Escarrá, afirmó ayer que el dirigente opositor Leopoldo López tiene una deuda pendiente con el Estado y debe cumplir una sanción por el supuesto desvío de dinero público por el que fue inhabilitado.
"La averiguación penal está abierta y nosotros (...) como abogados de la revolución estamos en el análisis de todo eso (...) están las deudas pendientes por parte de López; él tiene que pagar una sanción", dijo Escarrá a la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh) condenó el viernes pasado al Estado venezolano por violar el derecho de López a ser elegido para un cargo público, y ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo habilite para participar en los comicios presidenciales de 2012, en los que será rival del actual gobernante, Hugo Chávez.
La Contraloría venezolana inhabilitó en agosto de 2008 a López para ejercer cargos públicos por dos casos de presunto mal uso de recursos durante su gestión como alcalde.
"Resulta un contrasentido que los organismos internacionales avalen la corrupción", dijo Escarrá.
Recordó que la Contraloría inició el proceso de inhabilitación en diciembre de 1998 después de que López supuestamente recibiera dinero de la gerencia de relaciones públicas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que dirigía entonces su madre, Antonieta Mendoza de López, para fundar el partido Primero Justicia.
Las investigaciones realizadas en ese momento, según Escarrá, determinaron que en este caso "existía tráfico de influencia, concierto para delinquir y una serie de ilícitos administrativos".
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