Desvincular a la justicia del poder político es un reto que Ecuador no ha podido cumplir en las últimas tres décadas y la consulta popular de mañana constituye un nuevo intento visto con optimismo por unos y con escepticismo por otros.
Sin duda, las más polémicas son las primeras cinco de 10 preguntas planteadas por el Ejecutivo y que se relacionan con la reestructuración del Poder Judicial.
La "arbitrariedad y periódica intervención que políticos de turno han cometido en la administración de justicia han concluido en un debilitamiento absoluto, descrédito generalizado y una marcada corrupción", de esa función del Estado, opinó Germánico Maya, jurista y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), organismo regulador de esa función.
Consideró "necesaria una intervención en el aparato judicial", respaldada y legitimada por el pronunciamiento popular para "enderezar" un elemento fundamental de la vida democrática de un país.
Vicente Taiano, abogado y legislador del partido de oposición Prian, cree que la consulta no cambiará el problema estructural de la función judicial, que radica en su vinculación con el poder político.
"Pretender cambiar la justicia de la noche a la mañana, que no es otra cosa que cambiarla de dueño, o sea, manejarla no significa sanear" el sistema, señaló.
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