La ejecución de Leal García está planeada para este jueves 7 de julio a las 18, hora de Texas, donde se lo sentenció. El pedido de Obama de por sí solo no alcanzará para frenar la inyección letal. Para eso deben intervenir el gobernador o la Corte Suprema.
El mexicano fue condenado por la violación y muerte de Adria Sauceda, de 16 años, el 21 de mayo de 1994 en San Antonio. La decisión de sentenciarlo se tomó en tan sólo 24 horas y eso es lo que justamente reclaman sus abogados. El poco tiempo que tuvo el reo para defenderse se tradujo en que no se le permitió comunicarse con el consulado mexicano para recibir asesoramiento jurídico. En 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya confirmó las irregularidades en el proceso.
La Casa Blanca solicitó formalmente al Tribunal Supremo que detenga la ejecución, alegando que su muerte podría constituir una "grave violación" de las obligaciones de los Estados Unidos con las leyes internacionales. La secretaria de Estado Hillary Clinton y el ministro de Justicia, Eric Holder, se sumaron a la petición. Así, la Casa Blanca se plegó a los pedidos del gobierno mexicano -especial interesado- y otros como Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza.
El lunes 4 de julio, los siete integrantes de la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas votaron en contra de recomendar al gobernador Rick Perry posponer la ejecución o conmutar la sentencia del mexicano. La negativa se concretó aun cuando el organismo recibió miles de cartas exigiendo el perdón.
"La Junta ignoró la opinión del Gobierno de los Estados Unidos, de ex diplomáticos, jefes militares, jueces y fiscales de que se debe frenar la ejecución para impedir una violación al derecho internacional", aseguró Sandra Babcock, la abogada de Leal García.
Según afirmó la jurista, la Justicia estadounidense violó el derecho internacional de su cliente al haber sido "detenido, procesado y condenado a muerte, sin que se notificara a las autoridades de su país, privándolo de una ayuda legal que pudo haber cambiado el tipo de sentencia que recibió". Es que el derecho de un detenido extranjero a recibir la asistencia consular de su país está garantizado en el Tratado de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
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