Lugo aceptó su destitución y advirtió que "la historia y la democracia paraguayas fueron heridas"

A nueve meses de las próximas elecciones, el Congreso destituyó por 39 votos a favor al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por "mal desempeño en sus funciones", en un juicio político express cuestionado tanto por la Unasur como por la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Miguel Insulza, minutos antes de la votación, advirtió sobre las consecuencias negativas que podría acarrear en la vida democrática del país. Lugo, a quien sucederá su actual vicepresidente Federico Franco, del conservador Partido Liberal, calificó el proceso en su contra de "golpe parlamentario con ropaje jurídico". Luego de que la defensa completara sus alegatos, los fiscales acusadores Oscar Tuma y Carlos Liseras, del Partido Colorado; Clemente Barrios y José López Chávez, de la Unión de Ciudadanos Eticos (Unace), y Jorge Alvarez, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentaron los argumentos que, a su juicio, justifican la destitución de Lugo. Poco después de la votación, la policía comenzó a reprimir con gases lacrimógenos y carros hidrantes a los manifestantes que apoyaban a Lugo, en la puerta del Congreso.

Durante su alegato, Adolfo Ferreiro, había denunciado que "el dictamen que se realizó es una condena anunciada con un libreto impreso y prestablecido, es una burla mayor que no se puede concebir".

La defensa de Lugo, quien no se presentó en el recinto de las deliberaciones, había acusado al Legislativo de montar "un circo" y sostuvo que el enjuiciamineto del primer mandatario viola diferentes disposiciones, entre ellas el artículo 17 de la Constitución acerca de los derechos procesales de cualquier ciudadano. "Esto vicia el juicio y afecta el derecho a la defensa", agregó Enrique García, quien pidió "garantías de legalidad formal" ante el pleno de la Cámara de Senadores.

Horas antes de enfrentar el juicio express con que el Parlamento, de mayoría opositora, pretende destituirlo, el presidente Fernando Lugo presentó una "acción de inconstitucionalidad" ante la Corte Suprema y aseguró que su gobierno “ha sido transparente y honesto, de cara a la ciudadanía”. Reconoció que "nunca (tuvo) una comunión ideológica" con su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, quien lo sucedería en el cargo en caso de que fuera destituido. Mientras la OEA convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington con el fin de "tomar conocimiento de los acontecimientos" y una delegación de Unasur se encuentra en Asunción para manifestar su respaldo al mandatario.

Ayer, el Congreso resolvió intempestivamente iniciar un juicio político a Lugo por presunto "mal desempeño en sus funciones" tras el enfrentamiento entre policías y campesinos que, durante una toma de tierras en Curuguaty la semana pasada, dejó un saldo de 17 muertos. El Partido Liberal, de mayoría parlamentaria, anticipó que el presidente sería destituido, y que en su lugar quedaría Federico Franco, que responde a esa fuerza política.

Durante una entrevista radial, Lugo aseguró que acatará lo que se decida en ese juicio, al que calificó de “golpe parlamentario con ropaje jurídico”, pero advirtió que impulsará "una resistencia" desde "otras instancias organizativas". Remarcó que cuenta con "un gran apoyo popular" y agradeció los llamados de apoyo que recibió de pares de la región, entre ellos de la presidenta Cristina Kirchner.

"Es más que un golpe de Estado al Presidente, un golpe parlamentario con un ropaje jurídico, con una herramienta como es el juicio político pero con motivos que no se ajustan a la verdad", describió Lugo y enfatizó que los motivos esgrimidos por la oposición para iniciarle el proceso "no ameritan" impulsar ese mecanismo. No obstante, ratificó que lo afrontará, a partir del "apoyo popular" y de los "sectores más vulnerables de la sociedad paraguaya".