La presunta propuesta del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un juez del Supremo para que intente aplazar un juicio sobre un escándalo de corrupción que estalló en 2005 reanimó el debate sobre esos hechos, que aún contaminan a la política brasileña.
Las denuncias de sobornos a parlamentarios y de financiación ilegal de campañas que hace siete años hicieron temblar al Gobierno de Lula serán juzgadas por el Supremo el próximo semestre, en un proceso que pondrá en el banquillo a 38 políticos y empresarios vinculados al ex mandatario y al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
El juicio coincidirá con la campaña para las elecciones municipales de octubre, un proceso que pondrá a prueba la unidad de la variopinta coalición de partidos que respalda a la jefa de Estado y pupila de Lula, Dilma Rousseff, pues las alianzas locales difieren y mucho de la forjada en torno al Gobierno nacional.
“Protección política”
El pasado sábado, el magistrado Gilmar Mendes, uno de los 12 miembros del Supremo, denunció a través de la revista Veja que Lula le había sugerido aplazar el juicio y que a cambio le ofrecía “protección política” en otro sonado caso de corrupción que se investiga actualmente, vinculado a otro escándalo de mafias del juego ilegal.
Mendes denunció el asunto como un intento de manipulación de la justicia por parte de Lula, quien confirmó el encuentro que tuvo con el juez el pasado 26 de abril pero negó “indignado” sus acusaciones.
Las mafias del juego que se investigan ahora estarían dirigidas por Carlos Augusto Ramos, conocido como “Carlinhos Cachoeira”, quien está preso desde febrero y ya había estado implicado en un asunto de financiación ilegal de campañas del PT en 2004, cuando Lula da Silva llevaba un año en el poder.
Según dijo Veja, Mendes habría usado para viajes privados varios aviones financiados por el partido oficialista.
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