En un estruendo de pitos y bocinas, cientos de personas se manifestaron ayer ante un gran hospital de Madrid para denunciar la polémica reforma sanitaria del Gobierno conservador que priva del servicio de salud pública a los inmigrantes irregulares en España.
“¡Ningún ser humano es ilegal!”, gritaban los manifestantes mientras cortaban una calle frente al Hospital Gregorio Marañón de la capital.
“Esto es un acto de rebelión ante una ley totalmente injusta”, dijo Rodrigo Rojas, un peruano de 51 años. “El inmigrante en su momento ha significado mano de obra barata y ahora que ya no sirven lo mandan al matadero” afirma este hombre que llegó hace 15 años a España, donde fundó una pequeña empresa de construcción que quebró en 2009 como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Hasta el 1 de septiembre los inmigrantes gozaban de los beneficios de la salud pública, pero el Gobierno de Mariano Rajoy decidió endurecer las condiciones de acceso sanitario.
Ahora los inmigrantes irregulares sólo tienen acceso gratuito a la atención de pediatría, asistencia al embarazo y servicios de urgencias. Casi 2.000 médicos se declararon contrarios a esta medida y afirmaron que seguirán atendiendo a sus pacientes sin papeles. A ellos se sumaron enfermeras y otro personal sanitario que forman parte de una campaña, bautizada “Derecho a curar”, en la que llamó a los profesionales del sector a la objeción de conciencia. El Gobierno señaló que los inmigrantes sin papeles deberán pagar por los servicios sanitarios en España.
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